El pasado 10 de noviembre del presente año, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó la investigación y búsqueda de la defensora de derechos humanos Irma Galindo Barrios, quien fue reportada como desaparecida, ya que fue vista por última vez el 27 de octubre de 2021 en la comunidad de Mier y Terán, San Esteban Atatlahuca.
La DDHPO inició el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0012/TX/(25)/OAX/2021, dentro del cual solicitó a la Fiscalía General del Estado que como medida cautelar realice las labores de búsqueda de la ambientalista Irma Galindo con estricto apego a lo dispuesto por el “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas”, a fin de garantizar una investigación técnica y eficaz.
Asimismo, solicitó que la carpeta de investigación iniciada sea integrada con exhaustividad y diligencia para garantizar el estado de derecho y el acceso a la justicia.
La Defensoría pidió la colaboración a la Secretaría de Seguridad Pública para que instruya a directivos de todos los Reclusorios Regionales en el estado para que indiquen si en algunos de los centros se encuentra la defensora de derechos humanos Irma Galindo Barrios, y en caso de ser afirmativo, indique el motivo de su internamiento. Además pidió que se instruya a comandantes y personas encargadas de los diferentes destacamentos de la Policía Estatal que informen si en alguna de las comandancias de esa corporación fue privada de la libertad Irma Galindo, y en caso, de ser afirmativo, informe la fecha y hora de la detención, el lugar en el que estuvo privada de la libertad, la causa de su detención y como fue resuelta su situación jurídica.
También solicitó la colaboración de la Secretaría de Salud de Oaxaca para informar si la defensora de derechos humanos Irma ha sido ingresada o está recibiendo tratamiento médico en un hospital o centro médico de Galindo Barrios.
DDHPO destaca que los defensores de derechos humanos son necesarios porque con su trabajo dan voz a grupos históricamente invisibles, exponiéndolos a situaciones de riesgo que plantean los intereses políticos y económicos que enfrentan. Argumentó que era fundamental garantizar el acceso a la justicia en los casos de agresiones contra defensores de derechos humanos, lo que implicaba sancionar a los responsables, directa e indirectamente afectados, garantizar la ausencia de reincidencia y decir la verdad sobre los hechos.
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